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No hay lugar para las operaciones especulativas

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A pesar de las últimas informaciones, el pliego de condiciones deja claro que toda aquel que quiera optar a la compra del club deberá ser un modelo de limpieza, de capacidad y de solvencia económica. Sin el desembolso de los 10,4 millones de euros no habrá firma de la escritura.

Fuera dudas. En Onda Cero Huelva han destacado varios puntos de especial atención dentro del pliego de condiciones, en los que queda claro que no habrá cabida para especuladores ni para empresas extranjeras de dudosa procedencia.

Para empezar Moody Investments SA deberá cumplir con la exigencia de presentar un aval de 1,8 millones de euros, de duración indefinida en tanto no se notifique a la entidad bancaria. La Mesa de Contratación se reunirá una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, o en su caso, el establecido para la recepción de aquellos que hayan sido remitidos por correo, para la apertura del sobre uno y examen de la documentación administrativa que contiene.

Si se detectarán errores u omisiones en la documentación administrativa (sobre A), la Mesa concederá un plazo no superior a cuatro días naturales para subsanarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 párrafo 2 del R.D. 817/2009. A estos efectos el requerimiento se realizará mediante fax y/o correo electrónico. Asimismo la Mesa de Contratación podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público. Igualmente, podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos en orden a la calificación de la documentación.

Una vez comprobada la documentación, se procedería a la apertura del sobre dos, en un acto público en la Casa Consistorial. Sin trampa ni cartón. Será ahí cuando la Mesa de Contratación realizará propuesta de adjudicación al órgano de contratación competente, el de contratación del Ayuntamiento y el consejo de administración de Huelva Deporte.

Asimismo, antes de la adjudicación se requerirá al licitador en un plazo de cinco días la presentación de la documentación justificativa del gasto de publicidad, los certificados de las obligaciones tributarias, las obligaciones con la Seguridad Social y el impuesto sobre actividades económicas.

Antes de la formalización de la escritura ante notario (Carlos Toledo), el adjudicatario tendrá que presentar la preceptiva autorización por parte del Consejo Superior de Deportes y deberá acreditar el pago del importe de la venta de las acciones y de las cantidades correspondientes a las obligaciones recogidas en la clausula 5 del pliego de condiciones.

- 1.804.144’77 euros con la Seguridad Social.
- 6.800.000 euros con la Agencia Tributaria (deuda de la masa).
- 400.000 euros del Convenio regulador del Concurso de acreedores año 2017.
- 611.000 euros con la AFE (deuda de jugadores).
- 789.502’43 euros con los empleados del club.

Asimismo, tampoco hay que olvidar que el artículo 55 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público y al que se acoge el pliego de condiciones, deja claro que “las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva ‘Misión Diplomática Permanente española’, que se acompañará a la documentación que se presente, que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio“. Asimismo se añade que “para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil“.

A recordar también que en el pliego se dejaba claro que solo podían optar a la adjudicación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tuvieran plena capacidad de obrar y que no se encontraran incursas en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la administración establecida en el artículo 60. Dicho artículo deja claro lo siguiente:

Artículo 60. Prohibiciones de contratar.

1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

A) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

B) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

C) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del mismo, o por infracción muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

D) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

E) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 70.4 y en el artículo 330.

F) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal.

G) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el ‘Boletín Oficial del Estado’ el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas las siguientes:

A) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública.

B) Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones públicas.

C) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

D) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el artículo 151.2 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.

E) Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley, y concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario.

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

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