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La mesa de contratación evalúa la documentación administrativa

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De forma inmediata, la oferta será objeto de un informe técnico para ver si cumple los requisitos cuyos resultados se conocerán en las próximas 24-48 horas. Si todo está ‘ok’, se elevará a una segunda mesa de contratación, para aprobarse finalmente en pleno.

El Ayuntamiento de Huelva ha acogido hoy la primera convocatoria de la mesa de contratación para abordar el procedimiento de enajenación de las acciones del Real Club Recreativo de Huelva pertenecientes a Huelva Deporte SL y al propio consistorio, que en este proceso se reservará la propiedad del 8% de las acciones.

Pepe Fernández accede a la mesa de contratación.

Como ha explicado el portavoz del equipo de gobierno municipal, Manuel Gómez Márquez, “en el día de hoy, dentro del procedimiento habitual de la contratación administrativa, se ha procedido a la apertura del primer sobre (documentación administrativa) del único candidato que ha concurrido a esta licitación para adquisición de estas acciones, la oferta correspondiente a la sociedad Moody Investments SA“.

En presencia de todos los miembros de la mesa de contratación, órgano mixto técnico-político que integra representantes de todos los grupos municipales y funcionarios, se ha visto visto la documentación presentada por este ofertante, “incluyendo la documentación económica, la administrativa y el proyecto deportivo presentado“.

A partir de aquí, ha proseguido Gómez Márquez, “de forma inmediata esta documentación será objeto de un informe técnico y, si está todo en regla, se seguirá el trámite de propuesta de adjudicación“.

Con la finalidad de buscar la necesaria estabilidad para el Decano, atender sus compromisos económicos más acuciantes y garantizar su futuro, este procedimiento de enajenación fue aprobado en el pleno extraordinario del pasado 31 de mayo con el voto favorable de PSOE, PP, Ciudadanos, IU, Mesa de la Ría y la abstención de Participa Huelva. Como ha remarcado el portavoz, el proceso se está desarrollando en términos de “transparencia y garantía jurídica desde la premisa de la máxima celeridad en la tramitación, ante la urgencia de los plazos“.

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