Albiazules.es | Recre | Recreativo de Huelva

Advierten de los peligros de un posible incumplimiento en los pagos

Artículo leído 1022 veces.

El Ayuntamiento, que se reservará el 8% de las acciones expropiadas, sólo incluye en el pliego la pignoración de las acciones y el establecimiento de una condición resolutoria para el caso de incumplimiento del pago de las cantidades exigidas en los próximos diez años. El secretario y el interventor advierten en sus informes de la no exigencia de un aval bancario que garantice la recuperación del dinero.

Este próximo lunes será llevado a aprobación en pleno extraordinario, el pliego de condiciones que deberán cumplimentar aquellos interesados en pujar por el 92% de las acciones expropiadas por el Ayuntamiento de Huelva.

A destacar, según el informe del secretario del Ayuntamiento de Huelva que acompaña a dicho pliego, que “las acciones que enajena el Ayuntamiento no suponen la totalidad del paquete accionarial expropiado en 2016 a Gildoy España, S.L., y cuya venta completa ya se preveía en el acuerdo inicial del expediente expropiatorio y en el adoptado por el Pleno en sesión de 28 de septiembre de 2016, reservándose ahora el Ayuntamiento aproximadamente un 8% de las acciones expropiadas“.

Sobre este aspecto, la Memoria de la Alcaldía justifica que “el objeto del contrato continua siendo la enajenación tanto de las acciones expropiadas y cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Huelva, así como las pertenecientes a Huelva Deporte, S.L., si bien un porcentaje de las de titularidad municipal, en torno a un 8% se las reserva el Ayuntamiento con el fin de garantizar la presencia de una Administración Pública, siquiera sea como socio minoritario, en la gestión del Bien de Interés Cultural que supone la actividad desarrollada por el R.C. Recreativo de Huelva, conservando así determinados derechos políticos en el seno de la Junta General de Accionistas, como el de solicitar la convocatoria de dicho órgano y los correlativos derechos de asistencia, información y posible impugnación de sus acuerdos“.

Por otro lado, en el citado informe se advierte que “nos encontramos ante un negocio jurídico privado, de carácter complejo, en el que se contienen determinadas prestaciones complementarias del objeto principal, cual es la venta del paquete mayoritario de acciones del RC Recreativo de Huelva, y que la administración convocante, el Ayuntamiento de Huelva, estima de cumplimiento necesario con el fin de obtener el reintegro de los fondos públicos satisfechos como responsable solidario y por cuenta del club a la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, durante el periodo transitorio en que mantiene la titularidad de dicha Sociedad Anónima Deportiva“.

Es por ello que se cuestiona “el hecho de que, en el nuevo pliego, el pago de dichas cantidades, que ya no se exigen a la firma de la escritura pública, sino que se concede un plazo máximo de 10 anos para su liquidación (con la obligación de ingresar determinados porcentajes de deuda si se produce el ascenso a Segunda o Primera División en dicho periodo), no se vea garantizado con el correspondiente aval bancario y gravado con el pago del correspondiente interés legal del dinero, y que tan solo se prevea en el pliego a tal fin la pignoración de las acciones y el establecimiento de una condición resolutoria para el caso de incumplimiento de dicha obligación“.

A este respecto se argumenta que “el artículo 17 del Decreto 18/2006, que aprueba el Reglamento de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, exige dicho aval y el pago de intereses para el caso de aplazamiento del precio de un contrato de disposición onerosa de bienes. Aunque es cierto que la ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas permite, en su artículo 134 acudir a la condición resolutoria como alternativa al Aval bancario, en lo que se refiere al aplazamiento del pago del precio de la enajenación, pero hay que decir que este precepto es solo aplicable a la Administración del Estado y únicamente lo sería a la Administración Local en el supuesto de ausencia de regulación expresa, que, como hemos señalado, se contiene en el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, de aplicación preferente“.

El secretario del consistorio onubense también deja claro que “no podemos perder de vista que lo que la cláusula 5ª del pliego de condiciones establece es una obligación singular o particular exigible al comprador de las acciones al objeto de que, una vez asuma el control del club, en cuanto accionista mayoritario, adopte los acuerdos y medidas necesarias para que el mismo – el RC Recreativo de Huelva, S.A.D.- satisfaga la deuda contraída con el Ayuntamiento, obligación que no se ajusta, en sentido estricto, al concepto de ‘precio del contrato de compraventa’, que en nuestro caso vendría a identificarse más bien con la cantidad ofertada por la compra de las acciones, partiendo de la tasación básica de las mismas, tasación, por otro lado, en la que no se han incluido las cantidades a que se refiere la cláusula 5ª, precisamente porque fueron abonadas por el Ayuntamiento no como subvención o ayuda económica al club, sino como pago a tercero y en concepto de responsabilidad solidaria o abono por cuenta del mismo, generándose un derecho de crédito a favor de la administración municipal, y el correlativo débito del Recreativo. Lógicamente, si se solicita por el comprador un aplazamiento del pago del precio ofertado por la compra de las acciones, sí que se aplicaría inexorablemente lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 18/2006, esto es, el aval bancario y el devengo del interés legal del dinero“.

Es por ello que se advierte que “sin la exigencia de aval bancario, se carece de la garantía cierta de recuperar las cantidades abonadas por el Ayuntamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, en caso de incumplimiento por el comprador de las obligaciones exigidas, pues al establecerse como únicas garantías la pignoración de las acciones y la resolución del contrato de compraventa, solo cabría recuperar la titularidad de las acciones enajenadas y, por ende, la propiedad del club, con todo lo que ello supone desde un punto de vista financiero para la administración municipal“.

El informe del interventor, en la misma línea.

La ausencia de la obligatoriedad de de presentar aval bancario por parte de los candidatos a la compra de las acciones del club decano también se advierte en el informe del interventor, destacando que “debe incluirse en el pliego de condiciones la obligación por parte de los licitadores, de presentar un plan de viabilidad que asegure la conservación y supervivencia de la citada actividad de interés etnológico, del Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D y de garantizar mediante aval bancario el cumplimiento de dicho plan y el posible incremento de la deuda de la Sociedad enajenada si esta fuera superior a la existente en el momento de formalizarse el contrato, para los casos en los que se aplique la condición resolutoria prevista en la cláusula 17ª“.

Licencia Creative Commons