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¿Estamos ante la nueva estrategia de Pablo Comas?

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El juzgado de instrucción lleva desde comienzos del verano intentando notificarle el dictado de la apertura del juicio oral sin que se le haya podido localizar en el domicilio que dejó a efectos de notificaciones. De continuar esta situación se procedería a dictar una orden de detención para poder ser notificado, ya que de momento se encuentra en paradero desconocido. Todo podría ser parte de una estrategia, ya que hay algunos órganos instructores que proceden al sobreseimiento provisional y al archivo de la causa cuando el acusado se encuentra en ignorado paradero, con independencia de la pena solicitada. A destacar también que desde el estamento judicial se le requiere que presente las garantías de aval fijado en su día, de 500.000 euros. Se asegura que el juicio oral se celebrará en dos sesiones.

Informa Onda Cero Huelva que el Juzgado de Instrucción número 5, en repetidas ocasiones ha intentado notificar de manera personal, como es preceptivo en el ámbito penal, el auto de juicio oral por la querella presentada por los dos miembros de la directiva del Trust, Narciso Rojas y Roberto Sánchez, junto con los salientes Eduardo Calero y José Garzón. Tras la presentación de los escritos de la acusación particular, de la fiscalía y la defensa, hay que reseñar que le juzgado no ha sido capaz de localizar a Pablo Comas en el domicilio que él mismo ha designado desde comienzos del pasado verano.

Así el citado medio ha asegurado que se encuentra en ‘paradero desconocido’, aunque es algo que valora incluso el propio juzgado de instrucción. Hay que decir también que el traslado de los escritos de acusación, del auto de apertura del juicio oral a la persona del acusado, no es solo un mero trámite formal del que se pueda prescindir sin más. Significa la notificación de la concreta imputación que se realiza, tras la fase de instrucción, con la determinación de la calificación jurídico-penal y el máximo de la pena imponible. En esta caso la fiscalía, por los diferentes delitos que está procesado Pablo Comas, pide 18 años de cárcel.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, únicamente se asegura el exacto conocimiento por parte del acusado, de los casos formulados en su contra y por los que va a ser juzgado, al objeto de articular su defensa. Evidentemente también se le da traslado al procurador y a su letrado. Pero es que la notificación de los escritos de acusación del ministerio fiscal y de las acusaciones particulares, que en esta caso los hay y del auto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción número 5, este tiene que llevarse a cabo como regla general en la persona del acusado.

En el enjuiciamiento criminal se establece que en la primera comparecencia del mismo se requirió que designara un domicilio en España en el que se harán las notificaciones. A este respecto la defensa llevó a pedir la retirada del pasaporte como medida cautelar, cosa que no fue estimada por su señoría. Ante este panorama, puede suceder que la notificación se realice con normalidad, cosa que desgraciadamente el juzgado de instrucción no ha podido realizar o que sea el propio interesado el que notifique su presencia cuando el juez dicte la orden de detención. En el caso que el imputado resida normalmente en otro domicilio, ya que el domicilio aportado para su localización es inexistente o si se ha dado a la fuga, será cuando se despliegue la trascendencia de la obligación impuesta por la ley, de designar un domicilio para citaciones y notificaciones. Es decir, tendrá que designar no solo el domicilio de residencia, sino también el domicilio a efecto de notificaciones. En el caso de que no sea hallado por cualquiera de las razones, en el caso de que sea una pena que se solicita de menos de seis años, se podría hacer directamente a su procurador o defensa. En esta ocasión no es el caso.

Y es que existe la posibilidad de que la falta de notificación del auto de apertura de juicio oral, con traslado de los escritos de acusación, podrían llevar a declarar la nulidad de las actuaciones porque es un requisito absolutamente exigido y que podría provocar una indefensión del acusado. Es decir, es necesario analizar el caso, por lo que si lo que se pretende, y teniendo en cuenta que ha dado un domicilio en el que no se ha localizado en varias ocasiones desde el pasado mes de julio. Cabe destacar, según apuntan en Onda Cero Huelva, que hay algunos órganos instructores que proceden al sobreseimiento provisional y al archivo de la causa cuando el acusado se encuentra en ignorado paradero, con independencia de la pena solicitada. Es decir, el tramite de notificación se debe respetar siempre y cuando el acusado quiera recibir dichas notificaciones y no esté intentando no recibirlas.

Por tanto, cabe señalar teniendo en cuenta que las causas no son imputables al juzgado, sino que todo parece ser una mera estrategia, como así parece indicar, por ser un domicilio inexistente, por un cambio de domicilio o quién sabe si por fuga, la posibilidad de notificación de la representación procesal del acusado, lo es solo para los casos en los que nos encontremos con un ignorado paradero. Pero teniendo en cuenta que la pena que se solicita es superior a seis años de cárcel, es obligatoria la notificación personal de la acusación al acusado. En estos caso estamos ante un ignorado paradero y es por lo que el juzgado de instrucción podría decretar en las próximas fechas, en el caso de que no se pueda notificar el auto de juicio oral, la búsqueda y captura del acusado por requisitoria y se le podría declarar rebelde, procediéndose al sobreseimiento y archivo de la causa, para reabrirse una vez fuera hallado.

Juicio oral y las garantías de aval.

A destacar también, según apuntan en Onda Cero Huelva, que la notificación de la apertura de juicio oral es el paso previo al señalamiento de la fecha del juicio, que lo con casi toda seguridad se celebrará en dos sesiones, tras la remisión de los escritos de acusación, fiscalía y defensa a la Audiencia Provincial, que será la encargada de señalar fecha y juzgarle. Asimismo se le requiere al acusado que presente las garantías de aval, ya que las que presentó con la escritura de una sociedad que operaba en el Matadero, que tenía adjudicado por la Diputación -por el que fue denunciado por la propia Diputación- y que fueron calificadas de insuficientes para responder al aval de 500.000 euros.

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