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El as bajo la manga del Ayuntamiento para evitar la vuelta de Comas

¿Quién dijo que el actual propietario del Recreativo de Huelva había arrojado la toalla ante la inminente vuelta de Pablo Comas? Desde el Consistorio se habían mandado mensajes de haber puesto punto y final a la pelea, enfocando todas sus opciones en los recursos que están pendientes de dilucidar en los próximos meses, ya que el madrileño había dejado claro que no está interesado en vender sus acciones.

Ante este panorama, el Ayuntamiento tiene planteado un as bajo la manga. Así, según han desvelado en Radio Huelva, el Consitorio Onubense ha decidido contratar al despacho Montero Aramburu para obtener un dictamen jurídico especializado. Este despacho ya había asesorado previamente al Ayuntamiento en dos recursos de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que favorecía a Pablo Comas. El objetivo del nuevo dictamen es determinar si la declaración del Real Club Recreativo de Huelva como Bien de Interés Cultural (BIC) podría y debería ampliarse. Específicamente, se busca evaluar la inclusión en el Anexo VI, relativo a los bienes muebles vinculados a la actividad, de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva que actualmente gestiona el club. Esta ampliación serviría para asegurar una protección más completa del club, que podría ser insuficiente sin dicha inclusión.

La protección del Real Club Recreativo de Huelva bajo la figura de Bien de Interés Cultural se formalizó mediante el Decreto 139/2016 del 26 de julio, siendo inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por su relevancia etnológica. En un contexto de dificultades para el club, el 27 de junio de 2016, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva aprobó la necesidad de expropiar las acciones del capital social del club por interés social. Este acuerdo fue inicialmente validado por el Juzgado de lo Contencioso n.º 1 de Huelva, pero más tarde anulado por una sentencia del TSJA el 24 de enero de 2024 en apelación.

El nuevo contrato con el despacho Montero Aramburu tiene un presupuesto de 7.000 euros, más 1.470 euros en concepto de IVA. Según el informe de contratación del Ayuntamiento, la complejidad del caso y las diversas cuestiones legales implicadas requieren la asistencia de especialistas cualificados. Estos expertos (Montero Aramburu) ayudarán a resolver las dudas planteadas y orientarán al Ayuntamiento sobre el procedimiento a seguir, siendo elegido por su familiaridad con el expediente y la urgencia en la emisión del dictamen. Dado que este despacho ya ha asesorado al Ayuntamiento en los recursos de casación previos, se considera que su contratación sin necesidad de solicitar ofertas a otras empresas está justificada.

Desde el Consistorio se ha señalado que este informe forma parte del estudio de todas las posibilidades jurídicas para proteger al club tras la revocación de la expropiación. Según la sentencia del TSJA, la expropiación no es viable porque la declaración de BIC no incluye las acciones. Por ello, se están explorando todas las vías posibles para reforzar la protección del club, incluyendo la posibilidad de ampliar la declaración de BIC para abarcar las acciones del club, proporcionando así una base sólida para futuros recursos y garantizar la legitimidad del Ayuntamiento en la expropiación.

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