La justicia avala la gestión económica del club tras la expropiación

El Juzgado de Instrucción ha archivado la querella que presentó Pablo Comas contra la directiva del Recre encargada de la aprobación de las cuentas reformuladas de la temporada 14/15, en marzo del 2020, lo que afecta al Consejo de Administración, al gerente y al responsable de contabilidad, por un presunto delito societario de falsedad contable. Los argumentos esgrimidos por el juez son contundentes, avalando la información proporcionada por el informe pericial de ‘Alcabala Auditores SLP’, en el que se destaca que el “saldo a favor del Real Club Recreativo de Huelva frente a Gildoy España SL y las personas y sociedades vinculadas asciende a 1.368.513,58 euros”. La sentencia no es firme y admite recurso.

En medio de la tormenta y de utilización partidista, con un claro enfoque político, sobre la sentencia del TSJA que anula la expropiación de las acciones Gildoy España SL, aparecen noticias que sirven para resaltar que la gestión del consejo de administración que sostuvo a un club abocado a la desaparición, evitado por acciones arriesgadas y llenas de convencimiento, contando también con el paraguas de una propiedad convencida de que tenía que ser un camino a largo plazo, lleno de adversidades y contratiempos.

Una de esas ‘minas’ tuvo y sigue teniendo nombre y apellidos, Pablo Comas. El madrileño y sus socios llenaron el camino de dificultades en forma de juicios y requerimientos legales, como fue la querella presentada en 2022 contra la anterior directiva del Recre, es decir, el consejo de administración compuesto por Manolo Zambrano, José Antonio García Zambrano, Jonathan Pérez y Jesús Pulido, Carlos Hita en calidad de Gerente y Roberto Sánchez como responsable de contabilidad; por un presunto delito societario de falsedad contable tras aprobarse en marzo del 2020 la reformulación de las cuentas de la temporada 14/15.

Una querella que tuvieron que afrontar padres de familia, con el riesgo penal que ello supone en cuanto a privación de libertad. Porque es innegable que por encima de cuestiones deportivas, todos ellos pusieron en riesgo su patrimonio por salvaguardar el futuro del Decano en un momento muy delicado y difícil.

Por eso, la alegría en ellos con noticias como la que ha trascendido hoy es innegable. Albiazules.es ha podido saber que el Juzgado de Instrucción ha sobreseído provisionalmente la querella presentada por el administrador de Gildoy España SL. A destacar que los argumentos esgrimidos por el juez son contundentes, avalando la información proporcionada por el informe pericial de ‘Alcabala Auditores SLP’, en el que se destaca que el «saldo a favor del Real Club Recreativo de Huelva frente a Gildoy España SL y las personas y sociedades vinculadas asciende a 1.368.513,58 euros». La sentencia no es firme y admite recurso de reforma en los tres próximos días hábiles y de apelación en los próximos cinco.

La reformulación de las cuentas en la 14/15 solventó el ‘caso estadio’

Cabe recordar que el Recreativo de Huelva presentó en Junta de Accionistas, celebrado en marzo del 2020, las cuentas correspondientes a los ejercicios 14/15, 15/16, 16/17 y 17 /18, auditadas por ‘Sánchez-Mejías & Tato Auditores’. Una Junta de Accionistas en el que destacó la reformulación de las cuentas correspondientes al ejercicio 14/15 (descenso a Segunda B con Gildoy como propietario), presentadas y auditadas por Don Jenaro López Suárez el 18 de mayo del 2016, en la que emitió una opinión denegada.

Un informe, el de Hispacontrol (Jenaro López), que incluía un asunto que levantó mucha polvareda mediática. Así, el club gestionado por Gildoy reclamaba a Huelva Deporte y el Ayuntamiento de Huelva la cantidad de 10,5 millones de euros más IVA y un derecho de crédito equivalente a 12 locales situados en el estadio, al considerar que se les había perjudicado en el acuerdo transaccional firmado tras la creación del ahora coliseo recreativista. Por ello decidieron revalorizar dicha situación en 18 millones de euros, con contrapartida Reservas Voluntarias (Patrimonio Neto), amparado en la ampliación del plazo de uso. Así, en dichas cuentas apareció como activo inmovilizado intangible no deportivo el apartado concesiones, valorado en 20.307.733,19 euros.

Una cifra cuanto menos controvertida, ya que por aquel entonces el estadio figuraba en régimen de arrendamiento. Fue en octubre del 2018 cuando tuvo lugar la transformación administrativa del «derecho de uso» a concesión administrativa, ampliándose en 20 años más el plazo de concesión sobre el uso del estadio Nuevo Colombino.

Es por ello que, en la reformulación de cuentas por parte de los nuevos auditores, el activo inmovilizado intangible no deportivo en concesiones pasó a marcar la cifra de 3.008.928,49 euros, cifra que se elevaría a 6.055.708,80 en los siguientes tres ejercicios. Con el paso de los años, la reclamación en los juzgados del ‘caso estadio’ quedó resuelto, tras tener lugar la expropiación.

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