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A vueltas con la demanda del ‘caso estadio’

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Aseguran que el cambio de abogados permitirá que no se tenga que pagar la minuta de 2 millones en su totalidad, pero si habrá que indemnizar al gabinete de abogados ‘Rivero & Guftason’.

El Ayuntamiento de Huelva, como propietario del club decano, tiene un frente importante en la demanda del ‘caso estadio’. Un asunto complicado y espinoso, del que parece que aún habrá que esperar un tiempo para conocer qué futuro tendrá. De todo ello habló el representante de Mesa de la Ría y concejal, Rafael Gavilán. En declaraciones a Teleonuba destacó que “estamos preocupados porque el Recreativo de Huelva, al final gran parte de esa minuta va a tener que abonarla. Hay un contrato que se firmó con un equipo de abogados, lo firmó Pablo Comas que era el representante legal de la empresa y en dicho contrato ambas partes se obligan, unos a prestar un servicio y otros a abonar ese servicio. Se ha tomado la decisión de cambiar de abogados, con lo cual ya no habrá que pagarle esos 2 millones de euros, pero si habrá que indemnizarles por lo que habrán hecho hasta ese momento, que ha sido la redacción de la demanda y llevar el pleito hasta ese momento. Se presupone que los abogados pedirán una cantidad desorbitada y habrá que estar negociando. En el último extremo estará el llegar a un proceso que se llama ‘jura de cuentas’, que es cuando el cliente no está satisfecho con lo que el abogado le está minutando. Y hay un proceso específico para determinará cuánto ascendería la minuta. Si hay que llegar a ese extremo, pues se llegará“.

También destacó que “el proceso sigue en marcha. Se le reclama al Ayuntamiento, o sea nosotros, unos 17 millones de euros y eso no es ninguna broma. En primer lugar se puede estudiar de que desistamos de la demanda. El club ha cambiado de dueños y se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se está demandando a sí mismos. Hay que estudiar si la demanda se puede retirar y si no fuera así, creo que terminará de forma favorable al Ayuntamiento porque no tiene ninguna viabilidad jurídica“.

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