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El secretario y el interventor muestran sus reticencias

Como era de esperar, los informes del secretario general del Ayuntamiento, Felipe Albea Carlini y del interventor, Fernando Valera, destacan por las reticencias ante el plan de rescate del Ayuntamiento y son lo suficientemente claros, dentro de la complejidad de la información técnica que analiza. Así, adjuntamos a continuación dichos informes, a los que ha podido tener acceso esta web.

INFORME DE INTERVENCIÓN:

«El Interventor que suscribe, en relación al acuerdo para la asunción de la deuda y aportación por un importe total 3.809.719,70€ a favor del Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D, tiene a bien informar:

Este informe queda condicionado por la premura para su emisión y la falta de datos, pues los únicos de los que dispone esta Intervención es el «análisis de las necesidades financieras y del plan de viabilidad del Recreativo de Huelva S.A.D.» realizado por el equipo de ‘Consultores de la Administraciones Públicas’, que a su vez se ha basado en la documentación proporcionada por el club, sin que hayan sido verificados o auditados la veracidad de los estados contables remitidos. Tampoco se disponen de las cuentas anuales de los últimos ejercicios, ni del presupuesto aprobado para la temporada 2018-19, documento de planificación imprescindible y que debe responder a la situación real del club, de tal manera que se acomoden los gastos a los ingresos reales, teniendo en cuenta por un lado, la necesidad de un superávit para poder hacer frente a los pasivos y por otro, las limitaciones legales que el Ayuntamiento, como propietario casi en exclusiva de la sociedad, se ve obligado a cumplir.

Así mismo, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado introducen una serie de limitaciones y prohibiciones al incremento de retribuciones, otros gastos de personal e incorporación de efectivos que deben ser respetadas por las sociedades mercantiles que se encuentran dentro de su ámbito de aplicación, entre las que se encuentra el Recreativo de Huelva, SAD, desconociéndose en qué medida la deuda generada responde al cumplimiento de éstas. Del mismo modo, aparecen unos préstamos con terceros, que se han formalizado sin que conste que se haya seguido el procedimiento y régimen de autorizaciones previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Que el estudio realizado tiene por objeto analizar desde el punto de vista puramente financiero, las posibles acciones a llevar a cabo para garantizar la viabilidad financiera del Real Club Recreativo de Huelva, SAD, basándose en la reducción de gastos, incremento de ingresos y aplazamiento de deudas sin que conste documentación que lo soporte en los dos últimos casos y sin considerar las prohibiciones legales que se han puesto de manifiesto por esta Intervención en anteriores informes y que se concretan en:

1º.- La asunción del pago de la deuda de un tercero es contemplada tanto en el ámbito del derecho civil, artículo 1158 del Código Civil, como del derecho tributario, por el artículo 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, al disponer que «puede efectuar el pago, en periodo voluntario o periodo ejecutivo, cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago«, si bien al tratarse el Ayuntamiento de una Administración Pública, en el caso de la deuda a satisfacer a la AEAT y no concurrir los requisitos previstos en los artículos 41 siguientes de la Ley General Tributaria para declarar la responsabilidad solidaria o subsidiaria del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, no es posible imputar el gasto propuesto al capítulo II del presupuesto de gastos. En el resto de la deuda a asumir, en la medida en que procede de una sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad del Ayuntamiento debe limitarse al capital social aportado.

Mediante Decreto 139/2016, de 26 de Julio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía acuerda inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico del Real Club Recreativo de Huelva «destacando su influencia y relevancia en el desenvolvimiento de la vida de la sociedad onubense así como en el establecimiento de relaciones con las estructuras, sistemas e instituciones socio políticos existentes en la ciudad«. Ahora bien, el citado decreto no declara como Bien de Interés Cultural al Real Club Recreativo de Huelva como entidad organizativa configurada en forma de sociedad anónima deportiva, sino a la actividad de interés etnológico que desarrolla, por lo que a juicio de esta Intervención estamos en presencia de un gasto sin título jurídico (no obligación de asunción de una deuda ni de realizar aportaciones), pues no queda acreditado en el expediente que la asunción de la deuda contraída y de los pagos propuestos a favor del Real Club Recreativo de Huelva sea la única medida posible de conservación y protección de la citada actividad.

2º.- La Disposición Adicional novena, punto 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone que «las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste. Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad»

Y en el punto 4, que «aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley no estén en situación de superávit, equilibrio o resultados positivos de explotación, estuvieran controlados exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos autónomos deberán estar adscritos, vinculados o dependientes directamente a las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o bien ser disueltos, en ambos casos, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar, si se disuelve, el proceso de liquidación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley. En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas unidades dependientes deberán proceder a la transmisión de su participación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley”.

En consecuencia, y dado que el Ayuntamiento de Huelva no cumple con los parámetros antes indicados, no puede en virtud de dicha Disposición Adicional realizar aportaciones patrimoniales (la asunción de esta deuda tiene tal consideración como se expondrá a continuación, ni por supuesto, inyecciones de capital) al Real Club Recreativo de Huelva, SAD, y deberá transmitir la totalidad de las acciones que posee de dicha entidad, y todo ello sin perjuicio de que, de concurrir causa legal de disolución de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, según se desprende de las Manifestaciones del Secretario de la Comisión de Seguimiento y Control que consta en el expediente, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 9 de febrero de 2018, por el que se asume el pago del crédito contra la masa del Real Club Recreativo de Huelva, SAD, debe procederse de conformidad con lo previsto en los artículos 362 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

3º.- Respecto al tratamiento en contabilidad nacional de esta operación en caso de llevarse a cabo, el Reglamento Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC2010 en adelante) en el capítulo 20, dedicado a las operaciones de deuda establece las siguientes reglas:

20.198. Los pagos a las sociedades públicas por importes elevados y no periódicos, a menudo denominados «inyecciones de capital», no son subvenciones. Con ellos se trata de capitalizar o recapitalizar a la sociedad beneficiaria, poniéndolos a disposición de la misma con una perspectiva de largo plazo. Según la «prueba de la inyección de capital», estas inyecciones de capital son, o bien transferencias de capital, o bien adquisiciones de capital, o bien una combinación de ambas. Se pueden dar los dos casos siguientes:

a) Un pago para cubrir pérdidas acumuladas, excepcionales o futuras, u ofrecido con fines de política pública, se registra como transferencia de capital. Las pérdidas excepcionales son grandes pérdidas registradas en un ejercicio contable en la contabilidad empresarial de una sociedad, que suelen surgir de revalorizaciones a la baja de los activos del balance, de tal manera que la sociedad corre el peligro de pasar por dificultades financieras (fondos propios negativos, insolvencia, etc.).

b) Un pago en el que las administraciones públicas actúan como accionista, con el que tienen una expectativa razonable de obtener una tasa de rentabilidad suficiente, en forma de dividendos o
ganancias de posesión, es una adquisición de capital. La sociedad debe disfrutar de un elevado grado de libertad a la hora de utilizar los fondos suministrados. El hecho de que en la inyección de capital participan inversores privados y de que las condiciones para los inversores privados y públicos sean similares es una prueba de que el pago puede ser una adquisición de capital.

20.202. Las inyecciones de capital pueden realizarse mediante cancelación o contracción de deuda. Las normas contables aplicables a estas operaciones hacen que el pago se convierta en una transferencia de capital, con excepción de una privatización cuando se trata de adquisición de participaciones en el capital, cuyo valor se encuentra dentro del importe de ingresos de la privatización.

20.222. La contracción de deuda se produce cuando una unidad asume la responsabilidad del pasivo pendiente de otra unidad con un acreedor. Esto ocurre con frecuencia cuando una administración pública garantiza una deuda de otra unidad y la garantía se ejecuta o se activa.

20.223. Cuando una administración pública contrae una deuda, la operación de contrapartida de este nuevo pasivo es una transferencia de capital a favor del deudor moroso.

Asimismo, en el capítulo 4, la regla 4.165 F) señala que «de la misma manera, la operación de contrapartida de una asunción de deuda, y de otras operaciones similares (activación de garantías relacionadas con sistemas de garantías no estandarizadas, o reestructuración de la deuda cuando parte de esta se haya extinguido o transferido) constituye otra transferencia de capital«. No obstante, se excluyen:

C) La cancelación o la asunción de una deuda de una sociedad pública por parte de las administraciones públicas, en el marco de un proceso de privatización que se prevé concluir a corto plazo; este caso se trata como una operación de participaciones en el capital y en fondos de inversión (F.5).

Analizadas las reglas antes mencionadas contenidas en el Reglamento Nº 549/2013 de la UE, y teniendo en cuenta que se han tramitado dos expedientes para la enajenación de las acciones del Real Club Recreativo de Huelva, SAD, habiendo sido declarada ambas como desiertas, esta Intervención, aplicando un criterio de prudencia, considera que en el corto plazo no se va a producir dicho proceso de venta, por lo que las aportaciones que se proponen, aplicando las citadas reglas, tendrán la consideración de transferencia de capital y ello con independencia de que la inyección de fondos se articule como asunción de deuda o aportación de capital en sentido estricto, y por tanto su imputación presupuestaria debe realizarse con cargo al capítulo de gastos, transferencias de capital, afectando negativamente al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, considerando además, que de la liquidación del ejercicio 2017 el Ayuntamiento de Huelva está obligado a elaborar un plan económico financiero. Por último indicar, que tampoco se ha realizado la valoración prevista en el artículo 7 de la L.O. 2/2012 de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que exige que «cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera«.

4º.- Por otro lado, esta propuesta puede ser considerada una ayuda incompatible con el mercado interior, en los términos establecidos en los artículos 107 y siguientes del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, «en aquellos casos en los que, de acuerdo con los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, deban comunicarse los proyectos para el establecimiento, la concesión o la modificación de una subvención, las Administraciones públicas o cualesquiera entes deberán comunicar a la Comisión de la Unión Europea los oportunos proyectos de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los términos que se establezcan reglamentariamente, al objeto que se declare la compatibilidad de las mismas. En estos casos, no se podrá hacer efectiva una subvención en tanto no sea considerada compatible con el mercado común«. A tal efecto, no consta en el expediente la decisión los órganos competentes de la Unión Europea de no formular objeciones a esta propuesta o que hayan declarado la subvención compatible con el mercado común, por lo que debe suspenderse este expediente hasta que conste este extremo en el acto administrativo de concesión, según prevé el artículo 16 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

INFORME DE SECRETARIA GENERAL.

Se solicita informe de la Secretaría General en relación con la propuesta de la Alcaldía sobre pago por el Ayuntamiento de Huelva por cuenta del Real Club Recreativo de Huelva, SAD, de determinadas cantidades a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Tesorería General de la Seguridad Social y Real Federación Andaluza de Futbol, y la realización de una aportación patrimonial a dicho Club con el fin de evitar la liquidación y disolución de la sociedad, cuya actividad está declarada Bien de Interés Cultural por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, todo ello en base al informe emitido por la entidad ‘AFI, Consultora de las Administraciones Públicas’, sobre las acciones necesarias para garantizar la viabilidad financiera delcClub, en el que concluye que, para ser viable a corto plazo, éste debe recibir aportaciones que garanticen financiar, al menos, el déficit general de esta temporada y los vencimientos de deuda, no solo del año 2018 sino también las que vence en 2019.

Pues bien, en fecha 8 de febrero de 2018, y con motivo de la propuesta aprobada por el Pleno Municipal en sesión de 9 de febrero de dicho año a propósito del pago por cuenta del Real Club Recreativo de Huelva a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, emití informe en el que, partiendo del emitido por la consultora ‘Gómez Acebo y Pombo’, señalaba, entre otras cuestiones que:

«Admitiendo, a tenor de lo previsto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la competencia municipal (art. 4) para adoptar las medidas cautelares que sean precisas con el fin de preservar la continuidad de un Bien de Interés Cultural (la actividad del RC Recreativo de Huelva, S.A.D.) que se encuentra en evidente riesgo de desaparición, competencia que se torna obligación de conservación para las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedores de bienes de esta naturaleza (art. 14.1), en este caso el R.C. Recreativo de Huelva. S.A.D. y su socio mayoritario, el Ayuntamiento, en función del expediente expropiatorio aprobado precisamente con la finalidad de preservar la integridad del BIC, y admitiendo también que nuestro Derecho Común, el Código Civil (art. 1.158), reconoce expresamente la facultad que tiene cualquier persona de hacer el pago de la obligación de un tercero, con la correlativa subrogación en los derechos del acreedor (con la aprobación expresa o tácita del deudor), lo cual, en el ámbito tributario tiene su reconocimiento en el Reglamento General de Recaudación (art. 33 del RD 939/2005, de 29 de julio), no podemos dejar de lado el hecho de que, en el presente caso, quien asume el pago de la deuda es una Administración Pública, una Entidad Local, cuyas actuaciones financieras deban encontrar su fundamento y cobertura en la legislación estatal de Haciendas Locales, debiendo actuar con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a que se refiere la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (art. 2). A este respecto y a fin de determinar la adecuación de la propuesta a dicha normativa, me remito al informe que debe emitir el Sr. Interventor de Fondos sobre la propuesta presentada«.

Como quiera que la propuesta que ahora se pretende someter al Pleno plantea un nuevo pago por cuenta del Recreativo, y lo complementa con una aportación patrimonial para viabilizar su continuidad a corto plazo, me ratifico en lo aseverado en dicho informe, en el que, además, recogía algunas consideraciones en relación a los requisitos necesarios para que las aportaciones del Ayuntamiento al Real Club Recreativo de Huelva, SAD, pudieran considerarse como ayudas públicas compatibles con el mercado interior, a la luz de la normativa comunitaria europea.

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